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Si va a contraer matrimonio ya no solo lo podrá hacer en una iglesia católica o ante un notario público. Ahora las parejas pueden asistir al Registro Civil y sus oficinas en todo el país y casarse sin pagar un cinco. Gratuitamente.
Y si, por el contrario, el amor acaba, es posible obtener el convenio de separación, por gestión personal o mediante un apoderado con escritura pública.
Costa Rica está estrenando un nuevo Código Procesal de Familia que establece cambios significativos en la tramitación de casos de esta materia, pero también en pensiones alimentarias, violencia doméstica y asuntos de niñez y adolescencia.
Las normas procesales ahora vigentes se aplicarán en todos los procesos de nuevo ingreso. Como soporte, por los temas que trata, el nuevo cuerpo de ley pone especial atención en la utilización de un lenguaje accesible que garantice a todas las personas entender fácilmente cada caso.
Para aprender y puntualizar acerca de estos cambios conversaremos con el juez y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial, Eddy Rodríguez Chaves. -
El envejecimiento de la población implica una serie de desafíos que requieren de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles y a largo plazo.
En Costa Rica, un 10 % de la población total del país tiene más de 65 años. Un 53 % son mujeres y el 47 % son hombres. Ya sabemos que ellas viven más años que ellos.
Dramático resulta ser que casi la mitad de ese medio millón de personas adultas mayores (215 mil) viven sin protección económica formal, lo que atraviesa transversalmente otras áreas prioritarias de la calidad de vida como la salud, la alimentación, el acceso a servicios, las redes de apoyo o los programas de asistencia social, en muchos casos no para bien vivir, sino apenas para sobrevivir. Peor aún, esta circunstancia de empobrecimiento se verá acrecentada, dado que en los próximos años la población adulta mayor irá creciendo, con un alto porcentaje en condiciones de vulnerabilidad.
Como está claro, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en materia de seguridad social, persisten entonces importantes brechas por solventar. Para profundizar en el tema conversaremos con Agustín Gómez y Carlos Murillo, del programa, Observatorio del Envejecimiento del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. -
Saknas det avsnitt?
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La tecnología ha acompañado la evolución humana, pero cada vez más se avizoran enormes avances y peligrosos desafíos. Y no lo dice cualquier persona, lo asevera el británico Geoffrey Hinton, profesor emérito de la Universidad de Toronto en Canadá, quien a sus 76 años fue anunciado este martes como Premio Nobel de Física, por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales.
"Va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica… pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control", fueron sus primeras declaraciones al ser notificado del galardón.
Dependemos de grandes conglomerados que dictan sus reglas y nos dejan a la deriva de sus decisiones, pero al mismo tiempo se construye jurisprudencia para defender los derechos humanos tecnológicos. La poderosa red X, de Elon Musk, tuvo que pagar $5.2 millones para liquidar las multas que tenía pendientes con el estado brasileño. Pero el caso no está cerrado aún. El juez de la causa, Alexandre de Moraes, estudia si ordena el restablecimiento de la red o mantiene el bloqueo, dada la acusación penal impuesta por desinformación y delitos de odio en Internet.
La conversación digital en Costa Rica nos muestra la misma problemática de un aumento de la polarización, el deterioro de la convivencia y el crecimiento de los discursos de odio.
Para atender estos tópicos conversamos con el especialista en estrategia digital y producción de contenidos, Esteban Mora. -
Verdad de progrullo: la reactivación económica requiere de la constante evolución de políticas públicas en apoyos diversos a los emprendimientos de mipymes. El objetivo, claro está, se orienta a que esas medidas generen empleos, formalidad y encadenamientos. Pero no todos los caminos conducen a Roma y lo que puede parecer lleno sentido común, no siempre encuentra tierra fértil para concretarse en buena cosecha.
Para ir al grano, llaman la atención dos hechos que, pretenden favorecer estos apoyos, pero que enfrentan rechazo del gobierno de la República.
El primero tiene relación con el proyecto del diputado, Eliécer Feinzaig de rebajar el precio de los boletos aéreos, tanto en impuestos como en tarifas aeroportuarias, en los viajes que se realicen a Centroamérica y República Dominicana, siempre y cuando se hagan dentro de la región, el otro país mantenga igualmente costos bajos y el boleto no supere los $126 ida y vuelta.
Desde el inicio el Ejecutivo adversa la iniciativa y para torpedearla la fracción oficialista llenó de mociones la discusión argumentando que los turistas que viajen a Costa Rica disminuirían su actual estancia promedio de 13 días para ir a conocer los otros destinos de la región aprovechando esos vuelos baratos. De acuerdo con las proyecciones del oficialismo, hasta 170 mil familias encadenadas a la actividad turística se podrían ver afectadas. Organizaciones como la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo apoyan esa tesis.
El segundo proyecto que adversa categóricamente Hacienda (tanto que el ministro ya anunció que si se aprueba en segundo debate lo vetará) es la rebaja del pago del impuesto de renta para trabajadores independientes. Por ahora la iniciativa está suspendida, pues los oficialistas, con apoyo de dos diputados del PUSC, la enviaron a consulta a la Sala Constitucional.
La iniciativa del Frente Amplio aumenta la base para que estén exentos quienes generen ingresos mensuales hasta por ₡520 mil, ya que a hoy la tasa afecta a quienes logran ingresos de apenas ₡348 mil al mes.
Según el jerarca hacendario, los frenteamplistas obviaron un preacuerdo de compensar, por otro lado, los 7 mil millones que se dejarían de recaudar anualmente al favorecer a los trabajadores independientes más pobres.
Para ampliar sobre ambos temas conversamos con el economista, Fernando Rodríguez. -
Un duopolio global. Una lucha de David contra Goliat.
Es la batalla en un pequeñísimo país que se atrevió a imponer una comisión máxima (1.25%) en las transacciones con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
Seamos claros, en términos generales el control del precio es una herramienta de uso calificado, pero cuando hay fallas de mercado pueden ser muy beneficiosas para los participantes en las transacciones. Y si hablamos de tarjetas de crédito, claramente somos la inmensa mayoría, sea como comerciantes o como consumidores y usuarios de bienes y servicios. En este caso, la falla del mercado la constituye el hecho de ambas transnacionales ocupan el 90% del mercado mundial y, por tanto, tienen capacidad para imponer (incluso de común acuerdo) sus propios precios.
Dicho esto, ¿cuál es la batalla que se está peleando en Costa Rica?
Desde finales del 2020, gracias a una ley de la República, el Banco Central estableció un tope máximo a las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito. Y desde entonces, Visa y Mastercard han adversado en estrados judiciales locales (hasta ahora sin éxito) ese tope, específicamente para los extranjeros que vienen al país, es decir para quienes utilizan tarjetas de crédito extendidas fuera, alegando que el país solo puede imponer topes para el mercado interno.
¿Qué dice el Central? El Banco se sostiene en la potestad de ley para haber establecido ese tope y no dejar las comisiones a la libre. También dice que los sistemas no pueden diferenciar entre tarjetas expedidas en el país y tarjetas emitidas fuera, por lo que si se derogan los topes, eso afectaría a todos por igual. Comisiones más altas significarían automáticamente precios más elevados para los compradores y menores ganancias para los comercios.
El caso es que Visa y Mastercard no ceden y ahora la batalla se ha trasladado al Congreso, pues pretenden mediante proyectos de ley (abanderados por la bancada del PUSC) derogar el tope máximo y volver a las tasas libres.
Claramente, el mayor problema de esta reglamentación costarricense, no es el pequeño tamaño de nuestro mercado, sino el hecho de que este tope sea un espejo que usen otros países mucho más grandes en volumen y monto de transacciones, aunque ciertamente tanto la Unión Europea como el Reino Unido sí tienen comisiones muy bajas. Tan bajas que andan por el orden de entre 0.2% y 0.3%.
Para profundizar acerca de este interesante tema conversamos con Carlos Melegatti y Ana María Cerdas, de la División de Sistemas de Pago del Banco Central. -
Termina la semana con varios hechos relevantes en la geopolítica global, de los que indudablemente el más significativo es la escalada de acciones bélicas en Oriente Medio con varios frentes abiertos que complican la atención de la crisis humanitaria y, por supuesto, alejan las pocas posibilidades que de por sí ya se tenían, de encontrar un alto al fuego. Gaza, Siria, Yemen y Líbano son escenarios de las tensiones crecientes entre Israel e Irán, que ponen en entredicho la estabilidad de la región.
De este lado del mundo, la primera presidenta de México tomó posesión del cargo. Claudia Sheinbaum mostró su cartera llena de promesas en lo que denomina el segundo piso de la “Cuarta Transformación”, el pomposo nombre con el que Andrés Manuel López Obrador pretende pasar a los anales de la historia azteca. La gran interrogante respecto del nuevo sexenio será cuánto margen de maniobra e independencia tendrá la mandataria para gobernar, siendo que llega tan atada a las decisiones estructurales que le dejó plasmadas el muy poderoso ahora expresidente.
Mientras tanto, a solo un mes de la elección presidencial en los Estados Unidos, el único debate de J.D. Vance y Tim Waltz los candidatos a la vicepresidencia, no movió la aguja de las preferencias electorales. Un empate entre Kamala Harris y Donald Trump mantiene en vilo a medio mundo.
Para poner en perspectiva estos hechos conversamos con el relacionista internacional, Carlos Cascante. -
La tecnología no es neutral. En absoluto. Y por ello su acceso, uso y abusos nos ponen delante de nuevos desafíos en Derechos Humanos.
Por tanto, sin dejar de lado las deudas del pasado tanto como los incumplimientos del presente en materia de derechos humanos básicos, tanto los tribunales nacionales de justicia constitucional como las cortes internacionales, deben abocarse a la tarea de proteger a las personas para, por un lado, dotar a todos del derecho a internet como pieza básica para el acceso a otros derechos (de modo que no profundicemos brechas y establezcamos apartheids tecnológicos) y al mismo tiempo protegerlas en cuantas usuarias- de la capacidad dañina (destructiva) de las herramientas comunicativas de hoy que, por lo demás, evolucionan tan vertiginosamente.
Así de grandes son los retos que imponen las nuevas tecnologías en materias como el ejercicio de la libertad de expresión e información, el derecho a la privacidad, los neuro derechos (con un potencial benéfico enorme pero también delicadísimos), el impacto de la inteligencia artificial y el derecho al trabajo, la ciberseguridad y cómo no, el poderío inmenso de las corporaciones dueñas de las plataformas.
Sobre los nuevos criterios y los nueve desafíos que impone la automatización a la defensa y protección de los Derechos Humanos, conversamos con la experta Catalina Botero, ex-relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. -
Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia.
Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende.
Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política.
Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”.
Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución.
Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall’Anese. -
En este momento, Israel libra una guerra en siete diferentes frentes, pero sin duda, resuena y por mucho el foco libanés, aunque también un ataque que dirigió este lunes a 1,800 kilómetros de distancia al puerto yemení de Hudayda que controlan los hutíes. Una clara advertencia a Irán de que el poderío militar tecnológico israelí puede también alcanzarlos.
Pero el foco principal, reiteramos, está en Líbano. Tras el asesinato el viernes de una veintena de comandantes de Hezbolá entre ellos su máximo líder Hassan Nazralá (un clérigo de 64 años que dirigió la agrupación la mitad de su vida) que fue posterior al quiebre de las comunicaciones de los hasta ahora poderosos milicianos, los acontecimientos se han desencadenado con extrema rapidez, tanto que en cualquier momento (si no ya cuando usted esté leyendo este texto) parece haber poquísimas dudas que los israelíes incursionarán por tierra en territorio libanés. No había habido un enfrentamiento como el que se está librando en estas tensas horas desde la guerra de 34 días en el 2006, de lo cual en su momento se habría arrepentido Nazralá.
A punto de cumplirse un año del atentado terrorista de Hamás en Israel que desencadenó todo este conflicto, la situación en Gaza ha perdido foco internacional. Pero la Unión Europea recordó hoy que cualquier intervención militar en Líbano (lo que ya ocurrió) solo agravará la situación, lo cual equivale a agravar la crisis humanitaria.
Desde Teherán, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, instó a un apoyo irrestricto a Hezbolá. Su promesa fue contundente, al afirmar que la muerte de Nasrallah no debe quedar sin una venganza.
Y ahí, en Irán, es justamente donde analistas estiman que se centran los objetivos de guerra de Netanyahu: necesitaría, aseguran, involucrar a Irán en una guerra abierta. ¿Será cierto algo así? ¿Para qué? Por otro lado, una gran interrogante que se plantea es acerca del silencio de los países árabes en medio del ensordecedor ruido de las bombas. ¿Por qué no quieren enfrentarse a Israel?
Las tensiones siguen creciendo y para analizar las implicaciones de un conflicto de múltiples aristas conversamos con el analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo. -
Las sorpresas del caso barrenador se han encadenado unas con otras en una semana de sobresaltos respecto de las plausibles irregularidades en torno a la adjudicación de la prestación de servicios tercerizados de 138 EBAIS distribuidos en 10 áreas de salud.
El último hecho noticioso que nos dejó el viernes, fue la revelación de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) sobre el nombramiento de una de las imputadas centrales de la investigación en el importante cargo de Gerente General de la institución.
María de los Ángeles Gutiérrez, la misma funcionaria del que dependió exclusivamente el criterio técnico del que la Junta Directiva se adhirió para conceder una contrato de diez años a las cooperativas oferentes, ya ostentaba el puesto interinamente. Y en condiciones"normales" seguro que ese hecho habría solo una noticia de registro.
Pero la Caja no navega en aguas calmas y cristalinas hace ya dos años. Así que seguro no debería ser sorpresa que doña Marta Esquivel, entre una audiencia y otra de medidas cautelares en el Poder Judicial, decidiera darle a Gutiérrez el puesto en propiedad, el miércoles 25 de setiembre a las 6.42 de la tarde.
Con esa línea argumental, seguro tampoco debió habernos sorprendido el barrido barrenador de 300 correos electrónicos y varios archivos de la cuenta de un alto cargo de la institución, según confirmo antes el OIJ, sin detallar nombres. Imposible acostumbrarnos a que esta sea la nueva normalidad de la CCSS con tantísimos retos y desafíos que tenemos en salud pública.
A partir de que (seguramente) este lunes conozcamos a las medidas cautelares que se les dictarán a los imputados, también tendremos claro la continuidad o no de la conducción directiva de la Caja. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa proseguirán las repercusiones en el debate político y avanzará la ineludible conformación de una comisión especial investigadora de la cuestionada contratación.
Y como no podía ser de otra manera, el Presidente y sus voceros cercanos han aprovechado el caso echando mano de la especialidad de la comunicación política de la casa: tensando las cuerdas de la polarización culpando a los otros poderes (en este caso a la Judicial vía OIJ y Ministerio Público) solo por cumplir con su deber. Para impedirlo, el mandatario dijo "Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar... ojalá podamos llegar en paz a las elecciones del 2026". ¿Más campaña política o sedición?
En análisis de coyuntural con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. -
Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS.
El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense.
El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa.
Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS?
Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya. -
Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede.
Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas.
Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática.
Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro. -
Los embrollos legales que hoy enfrenta la adjudicación de servicios de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais (nada más y nada menos que por 10 años) no son nuevos. Rodrigo Chaves Robles fue advertido de ese enorme riesgo por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Y más claro no pudo haber sido Álvaro Ramos Chaves: “Yo, al presidente de la República, le había advertido que tuviéramos cuidado con los contratos de tercerización, con procesos de alianzas público-privadas; pueden ser fantásticas, se pueden lograr grandes cosas, pero se tienen que hacer con un contexto de confianza y transparencia y parece obvio que, en este caso, eso no fue lo que ocurrió”
Las decisiones de la institución base de la convivencia social democrática de Costa Rica no se pueden adoptar sino dentro del marco legal establecido y con conocimiento técnico profundo, para que no deriven en decisiones que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía.
Desde su obligada salida, una serie de hechos sumieron a la Caja en una permanente situación conflictiva de inestabilidad y zozobra, con temas de absoluta relevancia como las listas de espera, el portafolio de inversiones y el obvio desdén de criterios técnicos de las unidades internas de control y fiscalización.
Para seguir profundizando y entender el contexto de lo que sucede y sus impactos conversaremos con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves. -
En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel.
Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías.
Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais.
Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos.
El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales.
De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías”
Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución. -
Este es un asunto que requiere respuesta urgente para 575 mil personas de las comunidades de Cartago y de la zona de Los Santos.
De todas las formas posibles se ha sostenido, con base en la realidad y los hechos, que el hospital Max Peralta ya alcanzó sus niveles máximos de su capacidad instalada y, por tanto, de su funcionalidad.
Son los pacientes y el personal hospitalario quienes sufren, día a día, las limitaciones estructurales y de espacio, a las que debe agregarse la inadecuada ubicación, cuyas condiciones afectan la gestión de equipos, materiales y labores óptimas que requiere un centro de salud.
El 14 de septiembre, durante la celebración de los 203 años de independencia en la Vieja Metrópoli, fue reiterada la queja de la administración Chaves Robles acerca de ese proyecto, tantísimas veces adversado. Nadie sabía el artero golpe que se vendría cinco días después, cuando tras un largo proceso, la empresa mexicana a la que se le adjudicó la construcción se retiró, alegando el perjuicio por la fluctuación del tipo de cambio y la inestabilidad causada por las diferencias entre las instituciones del estado (llámese claramente la oposición del Ejecutivo).
¿Qué sigue ahora? La ciudadanía beneficiaria reclama acción y respuestas. Para escuchar la voz de los pacientes y de los trabajadores de la salud conversamos con la coordinadora de las Juntas de Salud de Cartago, Rosa Mata Mora y con la doctora Janice Sandí. -
Costa Rica alcanzó un tristísimo primer lugar en el mundo como el país con la mayor cantidad casos de acoso estudiantil (bullying) en menores de edad y jóvenes. Así lo reportó recientemente un completo informe de la televisión pública alemana, la cadena DW en español.
Para determinar esa posición, el trabajo periodístico se basó en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022, que analizó la data de 80 países y en la que Costa Rica reportó que, en ese año, 44% de los estudiantes se sintieron acosados.
Las razones por las cuales esto ocurre se analizan con parámetros como la desigualdad social, la violencia crónica que se vive en diferentes comunidades y la falta de recursos adecuados para la atención de estos casos, como lo hemos visto en los más recientes hechos en San Carlos.
Con datos aportados por la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, los casos de violencia entre pares (estudiantes-estudiantes) aumentaron un 160% entre los años 2019, 2022 y 2023. Los datos de los años 2020 y 2021 se excluyeron por los posibles sub registros durante la pandemia.
Pero esa realidad es solo un reflejo de los comportamientos violentos de los adultos en la convivencia social y familiar: en los hogares, en las carreteras y en general en los espacios públicos.
Vivimos tiempos de confrontación, de discursos de odio, de polarización y exaltación digital que promueven el disgusto, el descontento y la violación de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo esperar otra cosa de nuestros niños, niñas y adolescentes si lo que están viendo como ejemplo cotidiano es eso?
Para poner atención a los factores de este fenómeno social conversamos con el psicólogo Milton Rosales. -
A tres semanas de cumplirse el primer año (7 de octubre) de la matanza que provocó el grupo insurgente Hamás en Israel, hecho detonador de la guerra que se libra en el territorio palestino de Gaza, un hito histórico en la batalla cibernética cambió este martes y miércoles el estado de la tensísima situación en Oriente Próximo cuando los servicios de inteligencia israelíes (Mossad) habrían infiltrado los dispositivos de comunicación (beepers y walkie takies) del poderoso ejército de Hezbollah (principal aliado de Irán) en Líbano, haciendo virar por completo el escenario de la conflictividad en curso.
El recuento de las víctimas refiere en ambas jornadas un balance preliminar de 32 muertos y 3,450 heridos. Hezbollah prometió tomar represalias contra Israel, en tanto Beirut condenó el ataque como una agresión criminal.
El sofisticado operativo tuvo como blanco una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones -todas al mismo tiempo- dondequiera que estuviera el portador del aparato de comunicación, causando un baño de sangre con múltiples mutilaciones.
De acuerdo con los expertos, se trataría de una operación planeada desde hacía meses y que habría sido llevada a cabo mediante la infiltración en la cadena de suministros, manipulando los dispositivos con placas metálicas que contenían explosivos, antes de llegar a su destino final en el Líbano.
En el contexto, en la Asamblea General de Naciones Unidas 142 países pidieron a Israel en una resolución no vinculante (y, por tanto, sin efecto) el fin de la ocupación de los territorios palestinos en 12 meses, mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken nuevamente llegó a Egipto para seguir pugnando por un alto al fuego en Gaza, con ínfimas posibilidades de lograr el objetivo de evitar una escalada en la región y de hacerlo antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero.
Para hacer repaso de este álgido momento conversamos con dos costarricenses que están en Israel, Luis Alejandro Freer y Jovel Álvarez y analista internacional y profesor universitario, Bryan Acuña. -
En las últimas horas, cuatro hechos de mucha relevancia nos colocan de frente a la realidad de la infiltración del narcotráfico en nuestro país. Y no es que no lo supiéramos ya. Solo que en 48 horas el panorama duro y crudo volvió a golpearnos.
Costa Rica es espacio para la operación de las estructuras de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, del colombiano cartel del Golfo y, por supuesto, de las propias bandas nacionales.
La incautación de una tonelada de droga en un contenedor con harina de yuca que iba rumbo al puerto de Amberes (Bélgica) se logró gracias a un perro especializado de la Unidad de Intervención Especial, luego de que la carga pasara “inadvertida” en la revisión de las pantallas de los muy famosos escáneres instalados en APM Terminals.
Esto ocurría casi en simultáneo con el operativo Shark (tiburón) ejecutado por la Fiscalía General y el OIJ, para desarticular una estructura criminal jefeada por el colombiano nacionalizado costarricense, Alexi Meléndez León, uno de los 50 capos más buscados por la DEA de los Estados Unidos. Fueron detenidos también dos gerentes bancarios y un tesorero del BCR, así como el pastor evangélico Juan Luis Barboza de una iglesia de Aguas Zarcas, además de una docena de implicados.
Como si todo eso no fuera suficiente, el domingo en plena celebración de la Independencia nos levantamos con la noticia de The New York Times reportando como Costa Rica pasó de ser una meca turística a convertirse en una inmensa bodega de narcotráfico, tanto que en el 2020 superamos a México como el principal punto de trasbordo de narcóticos a Estados Unidos y Europa. Hoy, estamos en segundo lugar, muy cerca de los aztecas.
Por supuesto que con ese cuadro de situación, la ola de criminalidad sigue a la orden del día. El reporte fue de un homicidio cada 5 horas, desde el fin de semana al martes.
Para seguir analizando esta situación conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz. -
El trasiego ilegal de oro en Costa Rica tiene una logística muy bien afinada que amalgama la extracción, el transporte, el procesamiento, el bodegaje, la comercialización y la exportación del metal a través de rutas y empresas encubiertas.
La magnitud del ilícito negocio lo confirman los hechos y los datos duros:
1) En los últimos siete años salieron del país poco más de ₡78 mil millones, según consta en los conocidos registros oficiales DUAS (Documentos Únicos Aduaneros) del Ministerio de Hacienda.
2) De acuerdo con los reportes policiales, solo en el primer semestre de este año el decomiso de cianuro contrabandeado creció en 2.500%.
3) Testimonios recabados en la comunidad de Abangares, donde es legal la minería artesanal, confirman que se están procesando grandes cantidades de material extraído de Crucitas.
Así lo revela una amplia investigación del medio digital La Voz de Guanacaste, en conjunto con Interferencia de Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicada la semana pasada.
Como resultado de ese trabajo periodístico se logró determinar con base en la información del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) que 22 exportadores ilegales de oro, que no pagan impuestos, deterioran la salud de las personas y del medio ambiente. Se trata de 11 personas físicas y 11 jurídicas, siendo la empresa de mayor actividad, entre los años 2022, 2023 y los cinco primeros meses del 2024, Metales Abangares JM S.A.
La actividad no es desconocida para la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que desde hace cuatro años realiza una indagación por el presunto delito de lavado de activos.
Para conocer los alcances de este trabajo periodístico conversamos con Ernesto Rivera y Mercedes Agüero, director de La Voz de Guanacaste y periodista del equipo de investigación respectivamente. -
Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.
Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar.
Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia".
La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática.
Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada.
El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública.
Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri. - Visa fler
