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El 12 de enero de 2024, durante un cerco en Chalatenango, la Policía intentó capturar a Nelson Alexander Calles Pérez, fichado por la inteligencia policial como pandillero y acusado de amenazar a una víctima con régimen de protección. El perfil de inteligecia se contradice con otros dos documentos oficiales que no lo vinculan a pandillas; y la amenaza ocurrió cuando estaba detenido, incomunicado, en un penal. Por estas anomalías, Nelson huyó hacia un país de la Unión Europea, donde ha pedido asilo.
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El 10 de enero de 2024, tres semanas antes de la reelección inconstitucional de Nayib Bukele, cientos de policías y soldados cercaron Chalatenango. El cerco era resultado de la Orden de Operaciones MI-120 de la Policía que ordenaba la “extracción de remanentes de estructuras terroristas”. Una de las personas que estaba en la lista de búsqueda era Nelson Alexander Calles Pérez, licenciado en ciencias jurídicas, de 34 años, que un mes antes había sido absuelto por un caso de homicidio.
Nelson no fue perfilado como pandillero durante los 19 meses que estuvo detenido en la Penitenciaría La Occidental de Santa Ana, donde compartió celda con policías, militares y políticos. Un tribunal de Chalatenango lo absolvió de homicidio en noviembre de 2023, la Fiscalía no apeló la sentencia y el caso quedó cerrado definitivamente. Finalmente, Nelson recuperó su libertad el 7 de diciembre de 2023.
Sin embargo, apenas un mes después, el Departamento de Inteligencia Policial de la Delegación de Chalatenango elaboró una ficha que lo perfilaba como miembro de la Sierpeños Locos Salvatruchos, una clica de la Mara Salvatrucha-13. Él niega su pertenencia a esa pandilla y lo demuestra con un documento de la misma Policía y otro de la Dirección General de Centros Penales, ambos de 2022, que no lo clasifican como pandillero ni antes ni durante el proceso que enfrentó.
La Policía lo buscó en su casa, pero no lo encontró. Nelson presentó un hábeas corpus y así confirmó que la base para la nueva orden de captura era el perfil elaborado por la inteligencia policial; y una denuncia por amenazas contra una testigo protegida con la clave México. Lo inverosímil de esa denuncia es que data del 28 de noviembre de 2023, cuando aún estaba detenido en el penal.
Nelson salió de El Salvador en febrero de 2024 hacia un país de la Unión Europea, donde ha denunciado que tanto la ficha policial que lo etiqueta como pandillero como la denuncia por amenazas contra la víctima con clave México son falsas. Ese país europeo ha aceptado los documentos y ha dado trámite a su solicitud de asilo político. En esta entrevista cuenta los detalles de su caso.
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Los hermanos Medardo y Marvin fueron capturados por el régimen de excepción en octubre de 2022, pese a que no tenían antecedentes o tatuajes relacionados con pandillas. Marvin murió en julio de 2024 y Medardo sigue encarcelado por tiempo indefinido. La familia ha tenido que asumir gastos que antes no tenía como la compra de paquetes y eso los ha dejado al límite del hambre, como ocurre con otro millón de salvadoreños que no tienen dinero para comer los tres tiempos.
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Introducing Central America in Minutes: a weekly podcast from El Faro English where we cover our breaking investigations, the splashiest headlines from the region, and the stories swept underneath the rug.
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This trailer was written by Roman Gressier, the editor of El Faro English, and narrated with reporter Yuliana Ramazzini. Production and original soundtrack by Omnionn.
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El vicio de carácter, que le hace subestimar a los demás, no es un buen augurio para Bukele y los suyos. La comedia, la historia y la sicología pronostican todas que ese legado que le desvela por las noches y que traiciona de día terminará igual que han terminado los de todos los miembros del club de los corruptos vanidosos.
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El hermano de uno de los cuatro periodistas holandeses asesinados en Chalatenango durante la guerra, hace 42 años, demandó en una corte distrital de Virginia al coronel Mario Reyes Mena. En El Salvador, Reyes Mena es prófugo de la justicia por una orden de captura de 2022. La demanda intenta repetir el mismo camino jurídico que logró la deportación de exministros de Defensa acusados también de violar derechos humanos durante la guerra.
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Marvin y Medardo eran dos hermanos que vivían en el caserío El Jobo, en Santa Elena, Usulután, y que fueron capturados el cinco de octubre de 2023. María Elena, su madre, dice que eran campesinos y que la Policía los capturó a las nueve de la noche, sin ningún motivo. Cuando ella preguntó por qué los capturaban, la Policía le respondió que por el régimen de excepción; cuando ella cuestionó sobre las pruebas del delito, le dijeron que era el régimen de excepción. Nada en concreto. El argumento para mandarlos al penal de Izalco por agrupaciones ilícitas fue único: el régimen de excepción que inició en El Salvador desde marzo de 2022 y que deja sin derechos básicos a los ciudadanos y otorga prerrogativas a policías y militares.
Marvin, de 23 años, estaba sano al momento de su arresto, dice su familia. Estuvo 18 meses detenido en el penal de Izalco, en Sonsonate, y ahí enfermó de tuberculosis, cáncer pulmonar, desnutrición y diarrea; fue sometido a cirugías sin el consentimiento de la familia y obtuvo su libertad condicional en junio de 2024, luego que se viralizó un vídeo en Tik Tok, donde su cuerpo desnutrido, esquelético, aparece postrado en una camilla del Hospital Rosales. Estuvo en su casa de techo de teja y piso de tierra durante un mes, sin poder caminar y apenas balbuceando algunas palabras para contar a su madre cómo lo maltrataron en el penal. Marvin murió el 28 de julio de 2024.
Tras la muerte de Marvin, María Elena teme por su otro hijo: José Medardo, de 24 años. Medardo está detenido en el penal de Izalco desde hace 23 meses y su familia no sabe nada de él. La audiencia en su contra estaba programada para agosto de 2024, pero un juzgado de San Miguel la reprogramó para 2025. “Un año más, otro año más y así le van aumentando”, crítica María Elena, quien cuenta en esta entrevista cómo el régimen de excepción ha dejado a su familia al borde la hambruna. Ella, su hija y su nieta de cinco años ya sufrían el calvario de la pobreza y ahora que el régimen ha capturado a sus dos hijos dice que a veces solo comen una vez al día porque tienen que ahorrar para comprar el paquete que lleva al penal. En esta entrevista cuenta sus penurias y dolor.
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Dos exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inscribieron la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele para las elecciones de 2024 han sido nombrados magistrados de cámaras en el Órgano Judicial. Para que Dora Martínez y Guillermo Wellman pudieran entrar a trabajar como nuevos funcionarios judiciales, la Corte anterior y la que fue nombrada el 23 de septiembre cesó a dos jueces del país.
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El exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, se reunió con el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y con Ibrajim, hermano del presidente Nayib Bukele, y les aseguró a ambos que se había “robado” el código fuente del sistema interno de conteo de votos del TSE. También expuso a Zablah una serie de estrategias ilegales para boicotear las elecciones si los resultados preliminares no eran los que esperaban.
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Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.
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Una investigación del periodista Héctor Silva revela audios de conversaciones que el exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, sostuvo con Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa. Muyshondt, fallecido en febrero de 2024 bajo custodia estatal, y Castro, entonces secretario privado de la Presidencia, hablan sobre la necesidad de espiar y atacar digitalmente a medios y periodistas antes de que estos publiquen reportajes. Los audios muestran también un reconocimiento de los casos de corrupción del viceministro de Seguridad, Osiris Luna.
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El presidente Nayib Bukele envió una delegación para participar en conversaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio con China. Los líderes de la delegación del gabinete económico son los fundadores de la empresa de criptomonedas Chivo S.A de C.V.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, la política punitivista que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en dos años y que le garantizó al presidente Bukele su reelección. El informe confirma que el Estado debe investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El informe debió publicarse en mayo, pero el Gobierno hizo un esfuerzo por contrarrestar los hallazgos.
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El 14 de agosto circuló un video en internet: un ciudadano denunciaba que la Policía quería entrar a su casa y arrestar a su madre sin tener ninguna orden de captura ni de allanamiento. La Policía capturó al joven acusándolo de revelar información “confidencial”, por haber mencionado el nombre y el número de ONI de un sargento. Ahora mismo se enfrenta al juicio por un supuesto delito que puede costarle hasta cinco años de cárcel.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión presentó en junio de este año un informe privado titulado “Un Nuevo El Salvador”. El informe describe un país seguro en el que hay pleno respeto de los derechos humanos. Andrés Guzmán actúa como vocero del gobierno de Nayib Bukele ante los señalamientos internacionales por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Para Guzmán, la información que contiene el informe no es reservada, sino “de circulación controlada” y los menores de edad no están presos como castigo, sino “en centros de reinserción”. El titular de esta entrevista es similar a una frase que Guzmán dijo hace un año a El Faro: “No he hablado con nadie que haya salido de las cárceles del régimen de excepción”. Pero en ese momento, Andrés Guzmán tenía dos meses de haber tomado su cargo y habían más de 71 mil personas capturadas en el primer año del régimen de excepción. Ahora tiene 15 meses, hay más de 80 mil personas capturadas y las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas acumulan más de 6000 denuncias por violaciones a derechos humanos y 265 personas muertas bajo custodia del Estado. Aún así, Guzmán niega que en las cárceles se torturen personas o que exista “una sola muerte violenta”.
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El 4 de diciembre de 2023, la Policía capturó a un comerciante por agrupaciones ilícitas. La familia presentó pruebas de que no era pandillero. Al contrario, durante décadas fue víctima: recibió amenazas de muerte por no pagar la renta, atestiguó el asesinato de uno de sus empleados y dos de sus hermanas recibieron asilo político en Estados Unidos por las amenazas de las pandillas. Un juez ordenó su libertad condicional diez días después de su arresto, pero las autoridades lo recapturaron por el mismo delito.
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El señor Orellanaes un comerciante de la zona norte de San Salvador que durante casi dos décadas fue víctima de las pandillas. En el año 2005, una empresa distribuidora de alimentos lo despidió y, para enfrentar su desempleo, montó un pequeño negocio de reciclaje. Con el nacimiento de su empresa comenzaron los problemas con las pandillas: el Señor Orellana vivía en una colonia controlada por el Barrio 18 y su negocio operaba en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13. Ambas pandillas exigían el pago de la renta al comerciante. Fue su esposa quien contó a El Faro la historia. Es ella quien da este testimonio. Él está preso.
El señor Orellana se negó a pagar la renta y creyó que el problema se solucionaba contratando el servicio de vigilancia privada. En julio de 2012, la pandilla respondió con el asesinato de Carlos Rodríguez, de 70 años, el anciano que vigilaba el negocio. Tras este homicidio, y ante nuevas exigencias para el pago de la renta, dos familiares del señor Orellana emigraron hacia Estados Unidos y solicitaron asilo político. En febrero de 2017, esos familiares recibieron asilo político en Estados Unidos, por ser víctimas de las pandillas, según documentos en poder de El Faro.
El Señor Orellana no abandonó el país. Él denunció el caso de extorsión en la Fiscalía, siguió trabajando y, según su esposa, negándose siempre a pagar la renta que le exigía tanto el Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha-13. Pese a los documentos fiscales que confirman que durante años fue una víctima de las pandillas, el 4 de diciembre de 2023, a 19 meses de iniciado el régimen de excepción, la Policía lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas.
La familia presentó un legado de documentos para demostrar que la empresa del señor Orellana factura más de un millón de dólares al año, que tiene una estabilidad económica; la familia documentó las responsabilidades del señor Orellana con sus tres hijas y también las amenazas y ataques que recibieron por parte de las pandillas. Un juez contra el crimen organizado de San Salvador ordenó su libertad inmediata en la primera audiencia, realizada diez días después de su detención, pero Centros Penales no cumplió con la orden.
Un mes después, en enero de 2024, el señor Orellana fue recapturado por agrupaciones ilícitas en el penal de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía lo acusó de un “nuevo” delito ante otro juez contra el crimen organizado de San Salvador. Sin embargo, la familia logró, por medio de unos abogados, acumular el proceso al juzgado que le concedió la orden de libertad en diciembre del año pasado. La familia denuncia que el comerciante es víctima de una “doble persecución” (ser acusado dos veces del mismo delito, por los mismos hechos), algo que prohíbe la Constitución salvadoreña. El juez aún no resuelve el caso y el señor Orellana continúa detenido. La esposa del señor Orellana narra a continuación su calvario y el que antes padecieron a manos de los pandilleros.
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Cuando el país cumplía el segundo mes bajo cuarentena estricta por el Covid-19, en 2020, el Gobierno de El Salvador autorizó una compra millonaria de leche importada de México y comprada a una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas. El intermediario cobró un total de $27 millones, pero parte del producto no arribó y otra parte fue comprada a sobreprecio, lo que equivale a un faltante de leche de $7 millones.
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El Faro ha documentado que juzgados contra el crimen organizado ordenaron liberar a 11 personas por padecer enfermedades crónicas o por falta de pruebas en los casos por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Centros Penales incumplió esas órdenes sin ninguna justificación. Tres de estas personas con orden de libertad fallecieron bajo custodia del Estado; otros han sido recapturados sin pruebas por el mismo delito. Entre el silencio estatal y las denuncias de las organizaciones de sociedad civil, estos 11 casos parecen ser solo un ejemplo de algo que se repite.
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Luis Armando Rodríguez, un hombre de 52 años que vivía en el cantón Mejicapa de Santa María, en Usulután, falleció en el hospital Rosales el 21 de junio de 2023. A su madre le devolvieron el cuerpo envuelto en plástico, “embolsadito”, como dice ella. Cuando le retiraron la envoltura para prepararlo para el funeral, descubrieron “heridas en el lomo”. Rodríguez estaba detenido en el penal de Quezaltepeque y desde un mes antes de su muerte tenía una carta de libertad que ordenaba su salida de prisión. Durante más de un mes, la Dirección General de Centros Penales incumplió con esa orden.
“Él trabajaba así por veces con los albañiles porque él solo enfermo pasaba porque él era bolito”, dice su madre María Rodríguez para explicar que no era criminal, sino que tenía un problema de alcoholismo. Cuenta que su hijo fue capturado el 21 de abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción. Rodríguez, quien padecía de insuficiencia renal desde dos años antes de su captura y que tomaba medicamentos a diario, fue trasladado al penal de Mariona primero, y al de Quezaltepeque, después.
El 16 de mayo de 2023, un Juzgado Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo benefició con libertad condicional, pero no fue liberado, pese a las múltiples peticiones de la familia. “Él tenía su carta de libertad por no haberle encontrado nada de delito”, insiste su madre. El 19 de junio de 2023, Rodríguez fue trasladado de emergencia desde el penal de Quezaltepeque al hospital Rosales, donde falleció dos días después. Como en tantos otros casos, Medicina Legal consignó escuetamente en un documento oficial que fue víctima de un “edema pulmonar”.
María Rodríguez pasa de los 70 años, a diario hace labores del hogar y sobrevive por la ayuda de una de sus hijas. Es una anciana humilde y de pocas palabras. En las sucintas respuestas que dio durante una breve entrevista el 18 de julio de 2024 dijo que para ella el régimen de excepción tiene dos caras. Por un lado, señala que el encarcelamiento y muerte de su hijo fueron injusticias porque era inocente; pero también habla de que gracias al régimen de excepción ahora vive con una tranquilidad inédita en la colonia Vilma, del cantón Mejicapa, un lugar de calles de tierra y matorrales que antes era controlado por la Mara Salvatrucha-13.
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