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La cooperación de Estados Unidos a El Salvador se ha traducido en una pérdida de 258 millones de dólares para los años 2024-2025 y ha puesto a la sociedad civil del país en una situación precaria. La cooperación, que tenía por objeto financiar diversos proyectos, incluidos los relacionados con salud, educación y prevención de la violencia, también tenía componentes de transparencia y 40 medios en Centroamérica (11 de ellos en El Salvador) se han visto afectados.
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Vendedores del Centro Histórico de San Salvador liquidaron sus productos en la 4ta calle poniente, después de recibir una nueva solicitud de desalojo como parte del plan de revitalización del área, uno de los proyectos insignia del presidente Nayib Bukele. El 27 de febrero, la Alcaldía de San Salvador notificó a unos 1,000 vendedores, exigiendo que desocuparan el espacio de manera “voluntaria” en un plazo de 72 horas, advirtiendo que, al concluir dicho plazo, se procederá con la “intervención necesaria para el reordenamiento de la zona”.
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Tres escuelas en Sonsonate reflejan el estado de la educación pública en El Salvador en 2025. La remodelación de la escuela de Las Higueras se reactivó solo después de que se viralizaron imágenes de las carpas donde los alumnos recibieron clases durante todo 2024. La escuela en El Bambú, remodelada en 2023 con cooperación alemana, fue clausurada por baja inscripción. Lejos de los reflectores, en Tapalshucut, los alumnos siguen recibiendo clases en una carpa con logo de Unicef.
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Durante más de una década, el Señor Orellana fue víctima de las extorsiones de las pandillas y testigo de un asesinato, pero el régimen de excepción lo convirtió sin pruebas en colaborador de las pandillas y lo encarceló durante 442 días en el penal de Izalco.
El Señor Orellana es propietario de un pequeño negocio de reciclaje de metales en la zona norte de San Salvador y fue capturado el 4 de diciembre de 2023. Al momento de su arresto, intentó explicar a los policías que era víctima de las pandillas por partida doble: el Barrio 18 Revolucionarios le exigía la renta por vivir en una colonia, mientras que la Mara Salvatrucha-13 le cobraba una cuota mensual a su empresa, ubicada a dos kilómetros y medio de distancia, al poniente de su casa.
El Señor Orellana siempre se negó a pagar esos chantajes. Él contrató un vigilante privado para su negocio, pero el 14 de julio de 2012 la pandilla asesinó con un arma blanca al vigilante privado, un jornalero de 70 años. El hecho ocurrió en la entrada principal del negocio y el Señor Orellana, que en ese momento ya era víctima de las extorsiones, también se convirtió en testigo del crimen. En esos días, otros familiares del comerciante huyeron hacia los Estados Unidos donde recibieron asilo político por las amenazas de las pandillas.
El Señor Orellana dijo a las autoridades que denunció a los pandilleros ante la Fiscalía, pero los agentes que lo capturaron durante el régimen de excepción se burlaron de sus argumentos: “Vas a ir a conocer en persona a los que te estaban fregando”, le dijeron. Tras dos semanas de injusta prisión, su familia presentó un legajo de documentos que lo acreditaban como víctima y, en la primera audiencia ante el juez, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador lo benefició con libertad condicional, el 15 de diciembre de 2023.
Sin embargo, el 15 de enero de 2024 fue recapturado en el penal de Izalco por el mismo delito y por los mismos hechos, pese a que la Constitución salvadoreña prohíbe procesar a alguien dos veces por la misma causa. Durante la tercera semana de febrero de 2025, tras otros 412 días de injusta prisión por un segundo caso de agrupaciones ilícitas, el Señor Orellana recuperó su libertad. Aunque estaba alegre por reencontrarse con su madre, su esposa y sus tres hijas de entre 19 y 6 años de edad, en el fondo dice que se sentía “deshumanizado” por los 14 meses que pasó encarcelado.
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"Uno quizás como humano crea un cascarón porque yo me acuerdo de todo lo que pasó ese día. Yo estaba frío. Ellas me abrazaban, me besaban y yo queriéndoles decir que se tranquilizaran. Es más, se lo dije a mi esposa, mi mamá, mis hijas, que me abrazaban, me querían besar y yo: espérense, tranquilas. O sea, uno se deshumaniza”.
El Señor Orellana dirá en esta entrevista que las pandillas eran un cáncer en la sociedad y que era necesario aplicar una medicina amarga. Sin embargo, lamentará que esa medicina amarga se le haya aplicado a él y a otros compañeros de celda que no tenían relación con esos grupos. Aquí, una víctima de las pandillas cuenta cómo el régimen de excepción lo convirtió en victimario. Esta es su historia.
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La Policía detuvo a Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, una organización que libraba una batalla legal para evitar el desalojo de unas 250 familias de la Hacienda La Floresta. Detuvo también a una veintena de líderes comunales. Zavala había demandado ante la Fiscalía al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles de Mariona y Cutumay Camones, por tortura contra los privados de libertad.
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En el mundo de los bitcoiners, y en la narrativa oficial, El Salvador es un pionero tecnológico, una historia de éxito y un paraíso de libertad de expresión. Que El Salvador en realidad sea un país temeroso de opinar sobre asuntos oficiales, y que ya no reconozca el bitcoin como moneda de curso legal, por órdenes del Fondo Monetario Internacional, es una nota al margen.
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Hace siete años, William Lozano compró un terreno en el caserío El Limón de Sensuntepeque, un lugar que Pacific Rim identificó como mina de oro. Con la aprobación de una nueva ley minera, los vecinos están preocupados por la contaminación de las fuentes de agua. El campesino trabajó hace unos años como vigilante de la minera y reconoce que ese tipo de trabajo afecta los manantiales, pero dice que no se opondrá a la llegada de la industria extractiva porque teme terminar en “el bote”.
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El Secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que Bukele aceptó recibir en las cárceles salvadoreñas a indocumentados y a criminales de cualquier nacionalidad. El sistema penitenciario salvadoreño está dirigido por Osiris Luna, un funcionario sancionado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, el ministerio a cargo de Rubio.
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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma exprés que le permite modificar cualquier artículo de la Constitución con mayoría calificada, incluyendo los que limitan la reelección presidencial. La medida, impulsada por el oficialismo, deja sin controles los cambios constitucionales y allana el camino para decisiones unilaterales. En la misma plenaria, los diputados eliminaron el reconocimiento de Bitcoin como moneda, cumpliendo con exigencias del FMI para el desembolso de un acuerdo por 1,400 millones.
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El programa “Mi Nueva Escuela”, anunciado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de renovar 5,150 centros escolares en un plazo de cinco años, ha logrado apenas un avance del 8.23 %, según un informe realizado por el Gobierno de El Salvador. Datos de Transparencia Fiscal revisados por El Faro señalan que, desde el inicio de la reforma educativa, se ha ejecutado menos del 2 % por año de los fondos asignados por la Ley de Presupuesto para infraestructura y equipamiento de los centros escolares.
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Desde el presidente Chaves, pasando por una prima hermana de Bukele, hasta el surgimiento de nuevos posibles candidatos presidenciales, en Costa Rica la política no es ajena a la popularidad del salvadoreño Nayib Bukele. En un año preelectoral, el nombre del autoritario centroamericano es parte de la conversación tica.
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Hoy que nos adentramos ya unos pasos irreversibles en 2025, como quien entra en un bosque oscuro y aullante, les escribo este resumen de noticias a ustedes, ciudadanos del futuro, gente que ahora gatea en pañales o que se hamacan en paz en el sueño silencioso de un vientre, inocentes, sin sospechar aún lo que se les viene.
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Los Acuerdos de Paz son un mínimo aspirable, pero también son el marco conceptual del único país que conocemos. En El Salvador autoritario que ha empezado a dibujar Bukele, esos mínimos se tambalean.
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En los últimos tres años, el precio promedio del metro cuadrado en la playa El Zonte fue de $80.61, aunque antes de 2020 esa cifra era de $34.33. El Faro revisó una muestra de 50 compraventas entre 2015 y 2024. Cinco bitcoiners y una empresa han comprado 992,000 metros cuadrados en El Zonte, al precio de 3.7 millones de dólares. En proyectos de lujo a la venta ahora, el precio promedio del metro cuadrado asciende a más de 1,000 dólares. La revalorización ocurre tras años de una estrategia gubernamental para convertir El Zonte en Bitcoin Beach, una zona de hoteles boutique y torres de apartamentos, al alcance de extranjeros y una élite de salvadoreños.
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La dictadura salvadoreña es también una cleptocracia donde prima el enriquecimiento propio mediante el abuso de los bienes públicos.
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Los funcionarios de Biden lamentaron una falta de condiciones políticas favorables y socios dispuestos para mover su agenda en la región centroamericana. Al parecer, con tan solo días antes del regreso de Trump, muchos líderes centroamericanos estaban esperando la salida de Biden. O, más bien, la llegada de Trump.
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La Corte de Cuentas preparó un proyecto de sentencia en marzo de 2023 que responsabilizaba a seis técnicos del Ministerio de Agricultura por los productos alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria no recibidos durante la pandemia y los condenaba a devolver $60 millones de dólares. El documento exoneraba de responsabilidad al exministro Pablo Anliker, a pesar de que los testimonios y documentos del juicio apuntaban a que él eligió a los proveedores y dio las órdenes al personal técnico a través del director de la oficina de compras, Lorenzo Corpeño. La Corte ha puesto bajo reserva el caso, por lo que no se sabe cómo se resolvió.
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Veinte trabajadores del Ministerio de Salud subieron a un bus en Sonsonate para ir a protestar contra el recorte presupuestario a Salud para el año 2025. Nunca llegaron a la marcha: tres retenes policiales los detuvieron. Cuatro días después, todos los pasajeros del bus fueron despedidos. Un abogado del Minsal les notificó verbalmente que sus plazas habían sido suprimidas. Hasta la fecha esos empleados aún no conocen las razones de su despido y tampoco han recibido documentos sobre su indemnización. A través del testimonio de tres de ellos -cuyos nombres han sido modificados para proteger su identidad-, fotos, vídeos y un audio, El Faro ha logrado reconstruir esa mañana y los días posteriores en que fueron separados del Ministerio de Salud arbitrariamente.
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Tenía un trabajo formal y un carnet que lo identificaba como persona discapacitada. No tenía antecedentes penales ni vínculos con las pandillas, pero la Policía lo capturó el 22 de junio de 2023. Este es el caso de un inocente que pasó encarcelado nueve meses en el penal de Izalco y que no puede contar su historia. Esta historia la cuentan sus padres porque él no puede escuchar, no puede hablar, no sabe escribir y no sabe leer.
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Esta es la frase completa: “Colgaban a los que eran castigados, los esposaban con las manos atrás, les ponían un ladrillo y luego les quitaban el ladrillo y los suspendían en el aire. Allí los tenían hasta ocho horas colgados. Esa gente gritaba con ganas’’. Quien dijo esto fue Mario Martínez, de 63 años, un licenciado en educación que durante 40 años se dedicó a la docencia de matemáticas. Los últimos cinco años de su carrera de maestro los hizo como subdirector de una escuela cercana a su lugar de residencia. Ahora también es un exreo que pasó casi siete meses en las cárceles del régimen de excepción de Bukele y que fue liberado tras no encontrarle ningún vínculo con las pandillas. Mario pasó, junto a su hijo, 6 meses con veinte días preso entre los penales de Ilopango y Mariona.
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