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Al igual que con los registros revisados por CIPER en la Cámara de Diputados, entre los senadores también figura una cónyuge cargando bencina con las tarjetas financiadas con fondos públicos. Aunque los registros de los senadores que tuvimos a la vista fueron muy pocos, aparece la esposa del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, cargando bencina en Concón mientras él estaba en Santiago, y también figura uno de sus vehículos siendo abastecido mientras el senador participaba del cierre de la campaña del Rechazo en La Araucanía. Entre las cargas de bencina del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aparece cargando una persona que nadie conoce, ni siquiera su equipo de asesores.
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Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)
Producción: Matías Jara
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En 2013 la Corfo abrió una línea de financiamiento que apoyó con 479.600 UF al fondo de inversión privado (FIP) Minería Activa Tres. Ese FIP ocupó los recursos para abrir tres proyectos mineros: Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Los Piñera Morel, a través de otros dos fondos privados, invirtieron en esos tres proyectos que fueron apalancados, durante el primer gobierno del jefe de familia, con recursos públicos. Además, inversionistas relacionados con los Piñera en proyectos del rubro minero recibieron otros US$13,5 millones de la Corfo para desarrollar negocios.
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La directiva que sucedió a la mesa de Fuad Chahín paralizó la venta de dos inmuebles, en Macul y Talagante, porque el precio era ostensiblemente inferior a las tasaciones comerciales. En conjunto, la diferencia suma $1.178 millones. Además, el Servel objetó una tercera venta porque se pagó una inusual comisión de 26% ($193 millones) por corretaje. La sociedad que recibió la comisión es de los mismos compradores de la propiedad. El inmueble de Talagante fue vendido al archivero judicial de Santiago, a un notario y a una jueza. Chahín explica que requerían con urgencia fondos para campañas.
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Son, al menos, cuatro los equipos del fútbol chileno que reconocieron para este reportaje que sus contratos con casas de apuestas en línea fueron mediados por una empresa de Fernando Felicevich: Vibra Marketing. Y podrían ser más, varios de los clubes consultados por CIPER optaron por no responder preguntas. Se trata de contratos millonarios que florecen en torno a una industria opaca, donde las empresas no pagan impuestos en el país y sus matrices societarias muchas veces están ancladas en paraísos fiscales. Como tampoco hay regulación de la actividad de apuestas online, nadie fiscaliza que no existan trampas entre los apostadores, las empresas y los resultados del fútbol. En Europa ya hay antecedentes de partidos arreglados para favorecer a quienes apuestan conociendo de antemano los resultados de los encuentros.
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La sociedad Mexstone fue constituida sin contratiempos en Chile en diciembre de 2020 y cuatro meses después ya enviaba desde México su primer cargamento de piedras para decorar viviendas. Su segundo embarque, detenido en el Puerto de Manzanillo, ocultaba 1.700 kilos de marihuana. La operación revela la extrema debilidad de los controles chilenos. Una oficina de abogados de Las Condes, una reconocida empresa de transportes, un agente aduanero y dos compañías de bodegaje trabajaron para Mexstone. Todos aseguran que nunca conocieron la verdadera identidad de sus dueños. La trama, desentrañada por una investigación de CIPER y Proceso (México), involucra una serie de sociedades fantasmas con raíces en Guadalajara, Jalisco.
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Las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores en que fue comercializado –o pretendía ser vendido– el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales. Los fusiles se han ofertado hasta en $2 millones, una pistola en $300 mil y un revólver en $100 mil. Cajas con municiones e incluso granadas sustraídas de unidades militares han sido comercializadas en el mercado negro. Los precios, sobre todo de fusiles y subametralladoras, pueden escalar hasta 200% por sobre el valor con que las entidades de la defensa adquieren estas especies en el mercado formal.
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Apenas seis días después de que Sebastián Piñera entregó la banda presidencial, se constituyó la sociedad Hurtado & Bonito, compuesta por los dos abogados que crearon la Ley de Migraciones, que entró en vigencia en los últimos días del gobierno del exmandatario. El estudio jurídico se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria bajo las normas que ellos mismos impulsaron. El bufete de los exfuncionarios del Ministerio del Interior opera en alianza con una oficina de abogados de Venezuela que consigue documentos para sus clientes.
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A 103 días del plebiscito de salida, el Servel no ha cuantificado las descargas del archivo que publicó en su web con datos sensibles de los 15 millones de votantes que componían el padrón de la elección de mayo de 2021. El organismo solo contabilizó 116 visitas al lugar donde estaba el link que al menos por 22 horas expuso dos informaciones reservadas a las que se puede sacar provecho en campaña: si el elector concurrió o no a votar en mayo del año pasado y si es militante. Expertos proyectan de qué manera podrían utilizarse estos datos en la campaña del plebiscito. Al menos son seis los cruces con otras bases de datos comerciales que ya se venden en el mercado informal o de fuentes abiertas (como perfiles de Facebook), que permitirían georreferenciar manzanas e identificar familias donde las campañas serían más efectivas.
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Como parte de la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, la Fiscalía solicitó el resguardo de los correos electrónicos de las autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Pero el actual subsecretario, Manuel Monsalve, informó que Interior borra las copias de los emails 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos. En un oficio enviado a la fiscal Ximena Chong, indicó que solo lograron rescatar las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario Juan Francisco Galli. La información fue confirmada a CIPER a través de una respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia. Eso sí, las autoridades del actual Ministerio del Interior omitieron que se habían logrado rescatar algunos correos.
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CIPER accedió a registros de cámaras de seguridad que se suman a videos y fotos difundidas por diversos medios. El análisis de las imágenes indica que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Mientras una reportera del canal de TV Señal 3 de La Victoria lucha por su vida tras haber recibido un tiro, la PDI detuvo ayer a un tercer acusado de disparar. Los dos primeros ya volvieron a sus casas, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva y solo quedaron con arresto domiciliario. No se consideró que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa.
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Son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de US$ 700 a US$ 830 y una de ellas recibe los pagos en una cuenta del Banco Falabella. Sus pasajeros atraviesan entre tres y cuatro países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras: dejan al cliente cuando está punto de cruzar a un nuevo territorio y apenas logra pasar lo recibe otro “asesor”. CIPER confirmó la existencia de siete de estas agencias. Al menos dos de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en la frontera estuvo involucrada una agencia.
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El anunciado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, aparece en un documento reservado hecho por SQM. La minera puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que hizo y que podían ser incluidos en la investigación en su contra por financiamiento político ilegal. La sociedad de Frigolett recibió $83 millones de SQM por un informe sobre el litio. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre ellos figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner. Ahora, bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades cascada relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios.
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Al amparo de la Ley de Inteligencia, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas “blanco de interés”. Archivos de inteligencia policial revisados por CIPER indican que, con la excusa de intervenir las conversaciones del actor Daniel Alcaíno, la Dipolcar “pinchó” a una productora de eventos y grabó sus conversaciones con humoristas, como Álvaro Salas, y periodistas, como Carlos Zárate, además de los representantes de otros comediantes y cantantes, como Kramer, Jorge Alis, Denise Rosenthal y Camila Gallardo. También se intervinieron las comunicaciones del alcalde Juan Carlos Reinao, del historiador Fernando Pairican, de abogados que alegaron en causas contra Carabineros y de los ahora constituyentes Francisca Linconao, Adolfo Millabur y Manuela Royo.
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En el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Recién el 18 de noviembre de ese año un informe interno desistió de ese camino y asumió que la revuelta fue gatillada por la acción espontánea de organizaciones sociales y ciudadanos. Así lo indica la revisión de miles de documentos policiales reservados a los que CIPER tuvo acceso. Los informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos, encargados de fiscalizar que la policía no cometiera abusos en el control del orden público.
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A pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio. CIPER revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los agentes de contrainteligencia.
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Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.
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Los nombres, direcciones y teléfonos de informantes reclutados por la inteligencia de Carabineros en La Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada, a la que CIPER tuvo acceso. La lista la componen comuneros mapuche, estudiantes, funcionarios de universidades, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad con que Carabineros maneja esos delicados antecedentes.
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El general Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conformarán el núcleo central del gobierno. Reportes sobre actividades de Gabriel Boric y Camila Vallejo, una ficha con antecedentes de Giorgio Jackson y datos acerca de las organizaciones que dieron origen a la alianza que ahora llega a La Moneda, forman parte de la mayor filtración de documentos de inteligencia de Carabineros, a la que CIPER tuvo acceso. Los documentos muestran como la policía infiltró el movimiento estudiantil, reclutando informantes entre alumnos y funcionarios de universidades. Esta es la primera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de Carabineros”, una revisión de 220 GB de registros de inteligencia policial.
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La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.
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Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.
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